Solicitar el concurso de acreedores permite a la empresa seguir operando, ya que detiene las deudas y suspende temporalmente los pagos.
Se inicia cuando el propio deudor solicita el procedimiento, buscando gestionar sus deudas y alcanzar un acuerdo con los acreedores.
Se presenta cuando uno o varios acreedores inician la solicitud con el objetivo de obtener una propuesta de convenio que permita resolver la situación financiera del deudor.
Esta modalidad ofrece a la empresa un plazo de 3 meses para poder negociar con los acreedores acuerdos para que ésta pueda continuar.
Si en dicho período no se llegase a alcanzar ningún acuerdo, dispondrá de otro mes adicional para poder presentar declaración de concurso.
Durante este periodo la empresa puede seguir operando con normalidad.
El concurso de acreedores es declarado por un juez mercantil tras revisar la solicitud y comprobar la situación de insolvencia. El juez examina si el deudor no puede cumplir con sus obligaciones financieras y, en función de eso, decide si se acepta o no la solicitud de concurso. Una vez aceptada, se nombra a un administrador concursal que gestionará el proceso y supervisará las acciones del deudor.
Cuando se declara el concurso de acreedores, se activan varios efectos sobre el deudor, que afectan tanto a su patrimonio como a sus relaciones con los acreedores. El primero de estos efectos es la paralización de todas las demandas y ejecuciones contra el deudor. Esto significa que los acreedores no pueden seguir reclamando sus deudas por vías judiciales mientras dure el proceso concursal.
El juez mercantil nombra a uno o varios administradores concursales que se encargarán de gestionar los bienes y derechos del deudor, y de determinar qué parte del patrimonio puede destinarse a saldar las deudas. A partir de la declaración de concurso, el deudor pierde el control sobre su patrimonio, quedando bajo la supervisión de los administradores concursales.
En el caso de las empresas, se establece un plan de viabilidad que busca, en primera instancia, la recuperación de la actividad empresarial a través de acuerdos de reestructuración. Si la recuperación no es posible, se procede a la liquidación de los activos para pagar a los acreedores en la medida de lo posible. Para las personas físicas, en algunas circunstancias, puede aplicarse la Ley de Segunda Oportunidad, que permite cancelar parte de las deudas bajo ciertas condiciones, facilitando que el deudor pueda empezar de nuevo sin el lastre de las deudas impagables.
El concurso también tiene efectos sobre los trabajadores de la empresa en concurso, ya que se revisan los contratos laborales y pueden darse despidos o suspensiones de empleo para ajustarse a la situación económica de la empresa. En cualquier caso, los salarios adeudados hasta un límite son cubiertos por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Otro efecto relevante es sobre los contratos vigentes. Los contratos firmados por el deudor antes de la declaración del concurso pueden ser revisados, modificados o incluso rescindidos si los administradores concursales consideran que no benefician al proceso. Los contratos que sean perjudiciales para los acreedores, como arrendamientos o acuerdos financieros onerosos, pueden ser anulados.
En cuanto a los bienes y propiedades del deudor, estos forman parte de la masa activa, que es el conjunto de bienes y derechos que serán utilizados para pagar a los acreedores. La venta de estos bienes se realiza bajo la supervisión del juez y los administradores concursales, siempre buscando la mejor opción para satisfacer a los acreedores.
El juez del concurso es la figura principal que dirige el proceso, pero la administración de los bienes y derechos del deudor recae en los administradores concursales. Estos profesionales son designados por el juez y pueden ser abogados, economistas o auditores expertos en la gestión de insolvencias. Su tarea es analizar la situación económica del deudor, gestionar su patrimonio y elaborar informes que orienten al juez sobre los pasos a seguir en el proceso concursal.
El proceso del concurso de acreedores se desarrolla en varias etapas clave:
El objetivo del concurso de acreedores es salvaguardar los derechos tanto de los acreedores como de los administradores de empresas en crisis.
En Atalanta y Abogadas, nuestro propósito es que tu empresa salga del concurso con un plan de viabilidad que permita su continuidad o, en su defecto, cerrarla de manera que minimice el impacto negativo en todas las personas involucradas y en los acreedores.
Nos encargamos de proteger el patrimonio del deudor a través del procedimiento concursal, garantizando que se maneje de manera justa y eficiente.
La suspensión de actividades empresariales, a raíz del estado de alarma impuesto por el gobierno debido al coronavirus, ha provocado que muchas empresas a nivel global enfrenten serias dificultades para superar la falta de ingresos.
No obstante, la legislación española permite la suspensión provisional de pagos a los acreedores e incluso la cancelación de las deudas que no se pueden cumplir debido a un evento de fuerza mayor, como la pandemia del COVID-19.
Recomendamos intentar llegar a un acuerdo negociado con los acreedores a través de un concurso de acreedores voluntario. Sin embargo, si esto no es factible, el concurso de acreedores puede ser la mejor solución para superar la crisis empresarial.
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La Ley de la Segunda Oportunidad permite a las personas físicas en situación de insolvencia, cancelarlas o renegociar sus deudas.
El objetivo principal de la Ley de la Segunda Oportunidad es ofrecer a los individuos endeudados una salida para reestructurar o eliminar sus deudas, permitiéndoles comenzar de nuevo sin deudas.
-Ser insolvente
-Ser deudor de buena fe
-No tener antecedentes penales por delitos económicos
-Deuda inferior a 5 millones de euros
La Ley Concursal, establece que los créditos de derecho público, como los de Hacienda y Seguridad Social, son exonerables hasta un límite de 10.000 euros para cada entidad.
Algunas deudas no pueden ser exoneradas o canceladas bajo la nueva Ley Concursal, como las deudas por alimentos, responsabilidades civiles extracontractuales, multas y sanciones administrativas, y deudas contraídas de manera fraudulenta.
Se refiere al procedimiento cuando deudor no tiene activos ni propiedades, lo que permite una mayor rapidez en la conclusión del proceso.
El derecho a la vivienda es un derecho constitucionalmente reconocido, por lo que no perderemos nuestra casa siempre que se siga pagando el préstamo hipotecario, para ello regularizaremos toda la deuda excepto la que deriva del préstamo hipotecario.
No debemos señalar nuestra vivienda habitual en propiedad como activo siempre que no queramos que esta se acabe liquidando y la perdamos.
Algunas deudas no pueden ser exoneradas o canceladas bajo la nueva Ley Concursal, como las deudas por alimentos, responsabilidades civiles extracontractuales, multas y sanciones administrativas, y deudas contraídas de manera fraudulenta.
Un concurso sin masa se refiere a un procedimiento concursal donde el deudor no posee suficientes activos para cubrir los costos del proceso, lo que lleva a una conclusión rápida del concurso debido a la falta de recursos disponibles.
Sí, es posible perder la vivienda habitual bajo la nueva Ley Concursal si se considera un activo liquidable para pagar a los acreedores. No obstante, existen medidas y negociaciones que podrían permitir conservar la vivienda en ciertas circunstancias.
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